La práctica de adquirir facturas falsas y simular operaciones para desviar recursos públicos hacia empresas fantasma es una problemática que ha afectado gravemente a México en los últimos años. Esta actividad no solo implica una malversación de fondos, sino que también constituye delitos fiscales y penales con severas consecuencias para los involucrados.
Casos Relevantes en el Ámbito Público
Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército Mexicano realizaron pagos por aproximadamente 2,371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas como empresas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A pesar de este desvío significativo de recursos, no se han reportado sanciones para los altos mandos que autorizaron estas transacciones.
Asimismo, entre 2014 y 2019, gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2,628 millones de pesos con 536 empresas fantasma, evidenciando la magnitud del problema en distintas entidades del país.
El Proceso de Fraude y Corrupción
El esquema generalmente inicia con funcionarios públicos que, en complicidad con particulares, crean o contratan empresas fantasma—entidades que existen solo en papel y carecen de operaciones reales. Estas empresas emiten facturas por servicios o bienes inexistentes, permitiendo justificar la salida de recursos públicos que, en realidad, son desviados para fines personales o ilícitos.
Por ejemplo, en el caso del Ejército Mexicano, se realizaron compras a empresas que no contaban con infraestructura ni personal para proveer los bienes o servicios facturados, facilitando así el desvío de fondos.
Implicaciones Legales, Fiscales y Penales
Participar en la emisión o adquisición de facturas falsas y en la simulación de operaciones conlleva serias consecuencias:
- Responsabilidad Fiscal: El SAT puede reclasificar las operaciones simuladas, determinando créditos fiscales por impuestos no pagados, actualizaciones, recargos y multas que pueden alcanzar hasta el 75% del monto del impuesto omitido.
- Responsabilidad Penal: El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69-B, establece que la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes se considera un delito equiparable a la defraudación fiscal, con penas que pueden ir de tres meses a nueve años de prisión, dependiendo del monto defraudado.
- Inhabilitación y Sanciones Administrativas: Los servidores públicos involucrados pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos y enfrentar sanciones administrativas adicionales.
Cómo Identificar y Prevenir Estas Prácticas Ilegales
Para evitar verse involucrado en estos esquemas fraudulentos, es fundamental:
- Verificar la Existencia de Proveedores: Asegurarse de que los proveedores cuenten con instalaciones, personal y capacidad para ofrecer los bienes o servicios que facturan.
- Revisar Listas Oficiales: Consultar las listas negras del SAT para identificar empresas que han sido declaradas como fantasma.
- Documentar Operaciones: Mantener evidencia de la recepción de bienes o servicios, como contratos, órdenes de compra, informes de entrega, entre otros.
- Asesorarse Legal y Fiscalmente: Contar con el apoyo de profesionales en derecho y contabilidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y prevenir riesgos legales.
Es imperativo que empresarios y servidores públicos se abstengan de participar en la emisión o adquisición de facturas falsas y en la simulación de operaciones. Estas prácticas no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también conllevan graves consecuencias legales y fiscales.
En nuestra firma legal y fiscalista, estamos comprometidos en asesorar a nuestros clientes para que operen dentro del marco legal, evitando riesgos innecesarios y promoviendo una cultura de integridad y transparencia.
Conclusión
La lucha contra la corrupción y el desvío de recursos públicos es una responsabilidad compartida entre el sector público y privado. Adoptar prácticas empresariales éticas y cumplir con las obligaciones fiscales no solo previene sanciones, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto.
